Muy pronto el Terminal de Transportes iniciará las obras de mejoramiento de la zona de guardas de tránsito y de peatones. Frente a las inquietudes de los usuarios del Terminal de Transportes sobre las tarifas y los pasajeros que debe llevar cada vehículo, el gerente de la entidad, Héctor Fabio Artunduaga, señaló que es la Superintendencia de Transportes la encargada de regular estas tarifas y el número de pasajeros que viajan en cada vehículo.
La honda corrupción que el país vive, poco o nada le interesa a su clase política. Su dirigencia toda, desde el alto Gobierno, pareciera sentirse más cómoda dentro de ella que por fuera. Ese es el mensaje que el presidente Duque le ha enviado al país con la presentación al Congreso del proyecto de ley de presupuesto para la vigencia del año entrante y su posterior aprobación en las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, proyecto en el que el Gobierno incluyó un artículo que suspende la Ley de Garantías, que para nada incomodó a las mayorías parlamentarias que le dieron su aprobación.
La Ley de Garantías es una norma que promueve la transparencia de los recursos públicos estableciendo claras restricciones y prohibiciones a los entes territoriales, presidencia, alcaldías y gobernaciones, garantizando como su nombre lo indica, la igualdad de condiciones para todos en los procesos electorales.
Es la Ley 996 de 2005 que en sus artículos 33 y 38 impone restricciones a la contratación pública al señalar que durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.
Ante la asfixiante corrupción que vive el país, en dónde un escándalo de este tipo es tapado con el descubrimiento de otro, igual o peor, cometidos en su inmensa mayoría por funcionarios públicos en complicidad con particulares, no tiene presentación ninguna que sea el propio Presidente de la República el que de el paso para facilitar la ejecución de tan infames delitos, proponiendo quitar las trabas que, como talanqueras, impiden la comisión de los mismos en una época en que la clase política sabe hacer de las suyas, como es la electoral.
Peor aun, cuando en 2017 el gobierno Santos pretendió una reforma similar, encontró una férrea oposición en aquel entonces del senador Iván Duque, quién argumentó que dicha reforma daba pie para la implementación de convenios en beneficio de unos pocos y expresó: “Me parece muy grave la presentación de esta excepción a la ley de garantías para permitir que los gobernadores y alcaldes puedan adelantar convenios interadministrativos por donde se pueda colar la mermelada en época electoral”. Hoy como Presidente, ya no le parece grave que esa mermelada sea el instrumento para apalancar a los candidatos afectos a su partido de gobierno.
Estas incoherencias hacen distanciar al electorado que no entiende como su Primer Mandatario, por ejemplo, premia a Carrasquilla, causante del desastroso Paro Nacional, nombrándolo Codirector del Banco de la República y recientemente a su esposa, Clara Elena Parra Beltrán en la Junta Directiva del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que maneja los cuantiosos recursos del Covid, o su obcecada posición frente a la exministra Karen Abudinen, responsable de la pérdida de 70 mil millones y mantenerla hoy como alcaldesa Ad-hoc de Sincelejo.
La discusión sobre la conveniencia o no de la Ley de Garantías, expedida en la reglamentación de la elección de Presidente de la República, de acuerdo al artículo 152 literal f) de la Constitución y lo establecido en el acto legislativo 02 de 2004, obliga a que su modificación deba hacerse por la vía de ley estatutaria y no ordinaria como pretende el Gobierno a través de la ley de presupuesto, lo que configura, no un mico, sino un monstruoso orangután.
Alberto Zuluaga Trujillo
alzutru45@hotmail.com
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