Concentración de la tierra: reconocer el problema para buscar la solución

LINA MARÍA ARANGO DÁVILA 
PROFESIONAL EN GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES 
Twitter: @linamariaarango IG @linaarangoejecafetero

“La confrontación armada en Colombia ha sido fundamentalmente una guerra por el territorio, porque la tierra ha sido históricamente la fuente de rentas privilegiadas para los ricos y el recurso de supervivencia de los pobres” (A.Reyes 2016). El conflicto armado colombiano tiene sus raíces en la inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades de la población rural. Los conflictos sociales derivados de la tenencia de la tierra y la concentración de la misma son factor histórico fundamental para comprender la dinámica de la violencia colombiana. 

La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas – Córdoba y Caquetá - y en las que se explotan recursos naturales y está asociada a la mayor persistencia de los  grupos políticos donde el sistema democrático está capturado por grupos de interés, como FEDEGAN. De acuerdo con A. Reyes, “el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra. El 68% de los predios registrados en catastro se clasifican en pequeña propiedad, pero esta sólo cubre el 3,6% de la superficie productiva. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas, esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país.”

La ineficacia del Estado por reconocer y garantizar los derechos de propiedad sobre la tierra, la incapacidad por imponer un sistema catastral,  que permita además actualizar el sistema tributario y la falta de servicios básicos a los territorios alejados, excluidos del desarrollo y afectados por la violencia, son razones que explican la concentración de la tierra.   Además, el narcotráfico generó una clase propietaria del campo –ganaderos, coqueros, narcotraficantes- para apoderarse de tierras, desplazar campesinos y apropiarse de baldíos como un medio ideal para atesorar capitales, lavar dinero y capturar las rentas mientras pagan muy pocos impuestos.  

Como ha sido evidente en los medios de comunicación, la transición hacia una sociedad rural más equitativa es limitada por los dueños de la tierra, quienes históricamente han sido exitosos en resistir las presiones sociales que buscan cambiar la inequitativa estructura de la posesión de la tierra. Adicionalmente, las amenazas y asesinatos de líderes de derechos de las víctimas y líderes de restitución y formalización de tierras y la débil respuesta del Gobierno ante esta amenaza es una manifestación más de la oposición a la redistribución. En general, la desconcentración de la tierra no será tarea fácil pues los propietarios que la detentan son poderosos en lo legal e ilegal. 

¿Vamos a reconocer el problema para concertar una solución? ¿Y si comenzamos por invitar a que los dueños de la tierra paguen los impuestos justos por su tenencia? Finalmente, si no trabajamos por disminuir la desigualdad rural, el ciclo de la violencia no parará.