Sentido Común y Reforma Tributaria

Lina María Arango Dávila  
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales 
Twitter @linamariaarango
IG @linaarangoejecafetero 

SENTIDO COMÚN Y REFORMA TRIBUTARIA 

No hay que ser economista, ni profesional en finanzas, ni contador para entender que una reforma tributaria en Colombia debería concentrarse en disminuir la evasión de impuestos y eliminar las exenciones basadas en criterios políticos y amiguistas. Es simple sentido común. Sin embargo, las propuestas sobre el tema repiten una y otra vez la fórmula en la que la clase media asume la mayor carga, mientras vemos con indignación como los más ricos del país, los dueños de la tierra y las personas de mayores ingresos - entre ellos algunos congresistas - son consentidos con un sistema tributario que los privilegia. 

Dos años después de haber sido propuesta la “Ley de financiamiento”, el Congreso debatirá una nueva reforma tributaria a la cual denominó “Ley de solidaridad sostenible”. En el 2018, la reforma tuvo como propósito aumentar el recaudo y recomponer las cargas tributarias, sustituyendo por otras fuentes parte de la carga que soportan las empresas. Reconocidos economistas mostraron desde el comienzo su preocupación porque la reducción de impuestos al sector corporativo no era equitativa —las reglas de juego no eran iguales para todas las empresas - sino que llenó el estatuto de exenciones y privilegios para determinados sectores sin un criterio técnico aparente. Dichas exenciones, lejos de promover un sistema tributario moderno que disminuyera la brecha entre ricos y pobres, la aumenta, además de erosionar el recaudo, facilitar la evasión y volver más costosa la administración tributaria. 

La Ley de Financiamiento no aumentó el recaudo y por el contrario, el desequilibrio fiscal previo fue agravado por las necesidades de gasto público impuesto por la pandemia. Aunque aún no se conoce la totalidad del proyecto de “Ley de Solidaridad Sostenible”, se sabe que tiene un componente social que contempla consolidar la garantía de ingreso mínimo de los beneficiarios de familias en acción, jóvenes en acción y Colombia Mayor y continuar con el programa de ingreso solidario y subsidio a la energía y gas de las personas en situación de pobreza. 

El componente tributario de la Ley al parecer propone ampliar la base de productos que pagan IVA y gravar las pensiones de más de 7 millones de pesos, medidas que de entrada generan una fuerte oposición. Esta propuesta llega en un momento de crisis económica donde lo mínimo que esperaríamos es que se buscara reducir al máximo las exenciones de las personas naturales y jurídicas, unificando los pagos de impuestos (Dos personas con iguales ingresos y dos empresas con iguales ingresos deberían pagar igual) antes de cargar a la clase media. Sin embargo, el sentido común me dice que no será este gobierno el que reduzca los privilegios de los sectores que lo apoyan, pues de ellos depende la financiación y apoyo en la campaña electoral de 2022.