Luego de un proceso de seguimiento e investigación, los organismos de seguridad y la Defensoría del Pueblo Regional determinaron que el desplazamiento de 106 indígenas del resguardo Gitó Dokabú del municipio de Pueblo Rico el pasado mes corresponden a un acto voluntario y no a un hecho forzado o relacionado con grupos ilegales como se había señalado.
“Frente a esos hechos, la Defensoría del Pueblo inicialmente había manifestado preocupación por el traslado de 106 personas del municipio de Pueblo Rico y algunos resguardos indígenas a la ciudad de Cali, hoy se logra evidenciar que este no es un desplazamiento, sino que por el contrario fue un traslado voluntario de estas personas”, clarificó Ricardo Andrés Toro Quintero, Defensor del Pueblo Regional con funciones asignadas.
Frente a esta precisión, el primer mandatario de los risaraldenses expresó su tranquilidad con la situación de seguridad en este sector del departamento que históricamente ha estado afectado por la violencia.
“En este Consejo de Seguridad tratamos varios temas importantes, entre ellos uno que tiene que ver con una versión infundada que salió en el mes de enero sobre un supuesto desplazamiento de una comunidad indígena de Pueblo Rico hacia el Valle del Cauca, cosa que finalmente como lo dijera hoy la Defensoría del Pueblo no fue cierto, fue una circunstancia sin ninguna veracidad”, Victor Manuel Tamayo, Gobernador de Risaralda.
De igual forma se conoció que actualmente estas personas están ubicadas en la ciudad de Cali y reciben ayudas humanitarias por parte del Gobierno municipal de la capital vallecaucana.
Ejército y Policía custodiarán las vacunas en Risaralda
Otra de las conclusiones que arrojó el último Consejo de Seguridad Departamental está relacionado con el apoyo de la Policía y el Ejercito para la custodia de las vacunas contra el Covid – 19 que empiezan a llegar a Pereira a partir de mañana.
Gobernación y Alcaldías se unen para hacerle frente a los piques ilegales
Así mismo, se pactó articular acciones entre las Secretarías de Gobierno departamental y municipal para hacer frente a los piques ilegales que se vienen realizando en Pereira y Dosquebradas.

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