Un salario inmoral

 

Mientras el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla afirma que el salario mínimo en Colombia es “ridículamente alto” y que “el incremento del 2% ($17.000) para el 2021 propuesto por los empresarios es razonable”, los congresistas aumentaron su salario en el 2020 en 5.2% ($1.6 millones de pesos), pasando de 32 a 34 millones de pesos mensuales. Por Ley, el salario de los congresistas define también el de los altos cargos del Estado, como son los magistrados de las altas cortes, Procurador, Fiscal, Contralor y algunos fiscales. Bajar los salarios a los congresistas, sería bajar los salarios de los demás funcionarios y por ello es ingenuo pensar que una reforma de este estilo podrá pasar en el congreso. Lo cierto es que es un salario inmoral y aún más en medio de la crisis económica generada por la pandemia.

Durante la campaña de la consulta anticorrupción del 2018, los ciudadanos tuvimos la oportunidad de obligar a reducir los salarios de los congresistas, así ello implicara una reforma constitucional. Quienes se oponen a esta medida, argumentan que los altos cargos del Estado deben ser bien remunerados para motivar a personas de altas calidades y que han estado en el sector privado a ingresar el sector público. Sin embargo, este argumento nunca me convenció. En primer lugar porque no son necesariamente las personas más íntegras las que están ocupando dichos cargos; en segundo lugar, la brecha e inequidad entre el salario mínimo y los salarios de congresistas es demasiado alta. Un congresista gana casi 35 veces más que un trabajador con salario mínimo. En tercer lugar el sector público no está para competir con los salarios de los directivos del sector privado. Somos un país en vía de desarrollo, cuya pobreza aumentará como consecuencia del COVID a más del 40% de la población. Reducir los altos salarios para disminuir la brecha en el sector público, es una obligación que los altos altos funcionarios deberían asumir de manera responsable, consiente e íntegra. Finalmente, nivelar los salarios de los congresistas al de los ministros ($20 millones) debería ser lo más coherente y justo.

En el mes de agosto de 2020, algunos congresistas promovieron que se eliminaran los gastos de representación ($14 millones de pesos), propuesta que tampoco fue exitosa en el Congreso al argumentar que “el salario de los congresistas no se puede tocar porque sería inconstitucional”. Esta semana después de conocer las denuncias realizadas por los congresistas Iván Cepeda y Antonio Sanguino, quienes mostraron un censo electoral que incluye cédulas de fallecidos y militares activos (No pueden votar) y cuyas irregularidades fueron reconocidas por el registrador, la consulta anticorrupción encontró una luz que la puede revivir mediante una tutela. Sin esas cédulas, el umbral habría sido menor y la consulta habría pasado por más de 400 mil votos. En 2018 la ciudadanía triunfó. Esperamos que sea escuchada.

Lina María Arango Dávila
Profesional en Gobierno Y Relaciones Internacionales
Twitter @linamariaaarango
IG linaarangoejecafetero

Ubicación: Pereira, Risaralda, Colombia