Lina María Arango Dávila
Profesional en Gobierno Y Relaciones Internacionales
Twitter @linamariaaarango
IG linaarangoejecafetero
En el marco de la celebración del día internacional de lucha contra la corrupción realizado el 9 de diciembre, Transparencia por Colombia presentó el “Segundo informe de seguimiento a la acción de gobierno en materia anticorrupción”. El mismo analizó cuatro ámbitos: anticorrupción, gestión pública, Derechos Humanos y sistema político.
En anticorrupción se destacó la Ley 2014 de 2019 que prohíbe la casa por cárcel para los sancionados por corrupción y reglamenta las inhabilidades para contratar con el Estado. Además se dieron avances en la Red Institucional Anticorrupción –RITA- que busca la coordinación interinstitucional de las denuncias. En el ámbito de gestión pública, se encontraron los mayores avances con la aprobación de las normas asociadas a la consulta anticorrupción como lo son: la publicación obligatoria de las declaraciones de bienes, rentas y declaratoria de conflictos de interés de los funcionarios públicos y la reglamentación de la Ley 202 de 2020 que adopta los pliegos tipo en la contratación de obras públicas. Además, durante la pandemia se creó el aplicativo de control ciudadano –COVID – 19 para la consulta de la contratación de emergencia.
En relación con los Derechos Humanos, el informe analizó las medidas que garantizan la libre expresión y acceso a la información pública, entendidas como herramientas de pesos y contrapesos usadas para que la ciudadanía incida en el acceso a sus derechos (Salud, educación, vivienda etc.). El informe identificó el incremento de la violencia contra los activistas sociales y la afectación al ejercicio ciudadano de control al poder por medio de la represión violenta. Con relación al derecho del acceso a la información, esta se vio afectada con el decreto 491 de 2020, el cual restringió las solicitudes de información de los ciudadanos al gobierno, incluso la relacionada con la atención de la emergencia en pandemia.
Finalmente, los resultados más preocupantes se dieron en el ámbito del sistema político. El informe analizó las acciones para garantizar la transparencia e integridad en el acceso al poder mediante las elecciones y la financiación de campañas. Este tema ocupó un lugar central en el discurso de la campaña presidencial de Iván Duque; sin embargo, no se encontraron avances en su segundo año de gobierno. El trámite de una reforma política que aborde la financiación de campañas y la transparencia en los partidos políticos sigue pendiente. Tampoco se avanzó en la implementación de la política criminal electoral, el seguimiento entre financiación privada de campañas y contratación y el Estatuto de contratación pública. Finalmente, la actual reforma al régimen electoral, lejos de dar garantías, genera riesgos de corrupción.
En general los avances del gobierno nacional en materia de transparencia se dan especialmente en el materia normativa. Sin embargo es el ámbito estructural con relación al equilibrio de poderes y el sistema político el que no muestra avances y por el contrario evidencia retrocesos ante la evidente concentración del poder.

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